Expedientes de Regulación de Empleo. Aumentan los despidos, aumenta la tensión.

 

La evolución de los expedientes de regulación de empleo (ERES) son un indicador significativo de la evolución de la economía, de cómo afecta a las personas a través de la destrucción de empleo, pero también de cómo se va deteriorando nuestro tejido productivo. También señalan la eficacia de las políticas diseñadas por el gobierno en materia de empleo.  Y los datos de los que disponemos nos dan una perspectiva nada halagüeña.  Mientras en el transcurso de 2009  el 8,7% de los afectados por un ERE en Aragón sufrían una extinción de sus puestos de trabajo, en  lo que llevamos de 2010 son  más de una cuarta parte de los afectados (el 26,4%) los que acaban sin empleo. Lo grave de los ERES es que en muchos casos afecta a un tejido industrial y empresarial del que no andamos muy sobrados y que cuesta años levantar. Y en algunos casos se producen por dificultades objetivas serias de mercado y de competitividad a corto plazo, derivadas de la falta suficiente de demanda, pero en otros muchos parece deberse más a  decisiones deslocalizadoras orientadas no tanto a la superación de pérdidas como a la obtención de mayores beneficios.

Conforme avanza la crisis, mientras se va consolidando entre las empresas el acogerse a la reforma laboral para destruir empleo, también se van perdiendo las perspectivas de puestos de trabajo alternativos y crece la desesperanza entre los trabajadores afectados y la tensión en los conflictos.  Por eso, conociendo que estamos hablando del futuro laboral, del bienestar y de la estabilidad de muchas personas,  las administraciones deberían actuar con sensibilidad y cautela, procurando en primer lugar por la parte más débil de este negocio, los trabajadores.

Desde las Direcciones Generales de Trabajo se debe actuar con mayor rigor, no dando la sensación de estar dispuestas a tragar con cualquier expediente; no es de recibo que en algunos casos, un recorrido de años de ayudas económicas a fondo perdido, de facilidades financieras y administrativas que han permitido la generación de importantes beneficios empresariales, en algunos casos camuflados por estrategias de transacciones entre empresas de un mismo grupo, tenga su final con los trabajadores de patitas en la calle y el patrimonio empresarial indemne.

Tampoco puede repetirse la agresión por las fuerzas de seguridad de que fueron objeto los trabajadores de Lear al tratar de impedir que se les boicoteara la huelga por medio de proveer a la General Motors (su cliente) de los asientos (que Lear fabrica) en stock.  El Delegado del Gobierno, que en definitiva decide las actuaciones de la policía y guardia civil en estos conflictos, está obligado a una mayor templanza. Las fuerzas del orden público son financiadas con nuestros impuestos para proteger a la ciudadanía. Ciudadanos y ciudadanas somos las personas trabajadoras. Y cuando hacemos huelga ejercemos un derecho constitucional, de igual manera que cuando intentamos evitar que otros pretendan intenten desvirtuarla por la puerta trasera. Produce sonrojo e indignación comprobar determinadas actuaciones pretendidamente dirigidas a defender derechos … ¿de las empresas?. A algunos parece importarles más que la General Motors no deje de producir ni un solo día, aunque sea a costa del derecho de huelga, a costa de que los trabajadores puedan ejercitarlo de forma efectiva, que el hecho de que cientos de trabajadores se queden sin empleo.

 La pérdida de empleo en empresas sujetas a ERES se suma a la sangría de aquellos que siguen yendo al paro sin necesidad de expediente alguno, por decisión unilateral de su empresario, vía despido por causas objetivas, finalización de contrato o falso despido disciplinario.  No acaba de producirse la recuperación económica necesaria para mantener empleo, más bien las insuficientes políticas  presupuestarias y las reticencias o miedos a abrir un debate serio sobre fiscalidad y el papel de lo público, están lastrando  con plomo unas alas necesarias para el despegue. Mientras la reforma laboral está siendo eficiente…… para permitir a las empresas desprenderse de sus plantillas todavía con más facilidad.

Claro que si, el gobierno tiene que rectificar en sus políticas económicas, sociales y laborales.

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