Facultad de Derecho Universidad de Zaragoza. Conflictos sociales, crisis económica y Constitución

Publicado: 12 diciembre, 2010 en Diálogo Social, Economía, Jóvenes, Mercado Laboral, Movilizaciones

“Los interlocutores sociales ante los conflictos de trabajo en la crisis económica”

“Cabe preguntarse acerca de  la solidez de ese aparente consenso de hace no tanto tiempo, para ir a un nuevo modelo productivo, competitivo por su valor añadido, respetuoso con el medio ambiente, impulsado por nuevas tecnologías,  capaz de generar riqueza de forma más estable, ampliando el horizonte de un estado social en el que el bienestar de las personas fuera tenido en cuenta y en el que el perímetro de la democracia se fuera ensanchando.

Porque lo que tenemos delante de nuestras narices se parece más a vuelta atrás, hacia un sistema que fundamenta su crecimiento en viejas ventajas competitivas,  en mano de obra intensiva, sin derechos y remunerada con salarios miserables. Miope y cortoplacista, sustentándose en tecnologías obsoletas, cuando no en absoluta ausencia de las mismas.  Avanzamos dando garradas hacia un modelo social en el que prima el beneficio de los mercados especulativos, permitiéndoles que impongan sus criterios al margen de cualquier consideración democrática, a costa de un enorme déficit democrático.

Os estamos dejando un mundo peor que el que nos encontramos. Se ha roto esa línea de progreso que parecía hacer inevitable el que cada generación viviera mejor que la anterior. Los jóvenes estáis mucho mejor preparados, pero os incorporáis más tarde al mercado laboral, pasáis por largos años de precariedad y os emancipáis mucho más tarde que la generación de vuestros padres.  Se cuestiona vuestra estabilidad, se pone en duda el futuro del estado de bienestar, empiezan a haceros creer que lo de las pensiones ya no irá con vosotros, fomentan el individualismo con la mentira de que la única salvación pasa por cada uno. No os dejéis. No  dejéis que jueguen con vuestro futuro y con el de vuestros hijos. No lo permitamos, podemos evitarlo.”

MESA REDONDA.

 Intervinieron Jesús Morte Bonafonte, Presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón, Aurelio López de Hita, Presidente de CEPYME, Julián Lóriz Palacio, Secretario General de UGT-Aragón, Concepción Gil Blanco, Gerente del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje y Julián Buey, Secretario General de CCOO Aragón. Fué moderada por el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, Juan García Blasco y contó con la presencia en la mesa del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.

Intervención de Julián Buey.

Diferentes corrientes de opinión económica manifiestan opiniones contrapuestas sobre la salida de la crisis. Sin embargo parece existir mucha más coincidencia a la hora  diagnosticarla como una de las crisis internacionales de más calado Gran Depresión.

La respuesta de los gobiernos, de todos signos,  a nivel internacional, fue implementar políticas anticíclicas, en las que el papel de los estados, de la utilización de los recursos públicos, tomaba una dimensión que suponían un quiebro con las teorías y prácticas neoliberales, en boga durante décadas anteriores, que sentenciaban la autosuficiencia de los mercados para autorregularse y denigraban la intervención de la política en economía.

En España el gobierno acometió unas medidas de estímulo económico, que  trataban compensar la falta de inversión y demanda privada. También acometió alguna medida tendente a una  mayor protección a las personas paradas con el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI), con  vigor a partir de Enero de 2009, para así minimizar los efectos de la crisis entre las capas de la población más vulnerables.

Sin embargo, a lo largo del año 2010 y singularmente a partir de Mayo,  este año se produce un giro en las políticas de Gobierno de Rodríguez Zapatero. La reunión del Consejo de Economía y Finanzas de la Unión Europea (ECOFIN) de esas fechas,  alcanzó un acuerdo sobre un paquete crediticio de más de 500.000 millones de euros destinado a cubrir las necesidades de los socios con problemas de solvencia. El Gobierno Español sale de aquella reunión con la decisión manifiesta de adelantar los objetivos de reducción de déficit previstos para 2013 a finales de 2011.  Las medidas adoptadas para conseguirlo basculan sobre las rentas salariales y las pensiones. Esas medidas fueron catalogadas por CCOO de de injustas desde el punto de vista social, equivocadas desde el punto de vista económico.

Reconociendo la necesidad de contener el déficit y de ir disminuyendo el  volumen de la deuda, para CCOO la intensidad y el ritmo de esas reducciones deben acoplen a una prioridad más inmediata, la recuperación de la actividad económica y el empleo.

Estas deben ser las prioridades en unos tiempos en los que el crecimiento del PIB sigue siendo negativo y el paro no deja de crecer. Cuando además,  aumenta el número de parados de larga duración y disminuye la cobertura de protección  al desempleo de forma que son cada vez más las personas que no tienen ayuda alguna.

Las recetas recomendadas por la UE  se han aplicado en España con devoción, por parte de un Gobierno que se ha mostrado incapaz de decidir su propia política económica.  

El conjunto de las medidas adoptadas está provocando  un retraso en la salida de la crisis y un mayor crecimiento del desempleo.

Las primeras estimaciones indican que, frente a una previsión del Gobierno de una caída este año del 0,3% del PIB, lo más probable es que la caída sea del 0,6%; que en lugar de crecer el año que viene el 1,8%, la economía española, en el mejor de los casos, no crecerá por encima del 0,7% o el 0,8%, y eso es menos actividad económica y menos empleo.

En Aragón, donde las previsiones del Gobierno autonómico dan un descenso del PIB del 0,3% en 2010 cuando meses atrás daban por hecho un crecimiento positivo. La información  avanzada por el Departamento de Economía y Empleo muestran un retroceso del PIB interanual del 0,2%.  

El ajuste económico, se ha visto complementado por parte del Gobierno de España,  con la imposición una reforma laboral que daña seriamente derechos laborales.

–                    Consolida el contrato temporal como fórmula de acceso al mercado laboral.

–                    No resuelve, ni siquiera apunta a suavizarlo, el drama de la alta tasa de desempleo juvenil. (4%)

–                    Pone en manos de los empresarios más instrumentos arbitrarios de flexibilidad interna no negociada.

–                    Da un duro golpe a la negociación colectiva al cuestionar la validez de los convenios en las empresas al facilitar el descuelgue por acuerdo en su seno.

–                    Facilita y abarata el despido por varias vías:

  • Ampliando, dando carácter general a los despidos por causas objetivas, con indemnización de 20 días frente a los  45 días de los despidos disciplinarios improcedentes.
  • Llevando el despido Express, sin pago de salarios de tramitación, a los contratos estables de fomento de empleo.
  • Derivando parte del coste de  la indemnización, ya disminuida, de forma que el empresario acabe pagando 12 días en lugar de los 20.

–                    Introduce elementos de privatización de la intermediación laboral, con incógnitas sobre si su financiación se va a realizar con recursos públicos.

Son medidas muy sesgadas hacia planteamientos patronales que hacen difícilmente creíbles las manifestaciones de dirigentes de las organizaciones empresariales, nacionales y autonómicas, en el sentido de que esta reforma no contenta a nadie. Lo cierto es que tienen motivo para estar satisfechas aunque, ante la debilidad que el gobierno, atisban la necesidad de ir más allá y critican la reforma por su “insuficiencia”. Destripando “insuficiencia” quieren decir todavía menos derechos para los trabajadores, más prebendas para los empresarios; menos rentas para los trabajadores, más para los empresarios.

Los primeros efectos de la reforma laboral se traducen en un mayor número de despidos individuales por causas objetivas y un aumento de la contratación temporal (92,5% de los contratos formalizados, una tasa que no se daba desde finales de los años noventa). En el último trimestre se han registrado 451.400 parados más, alcanzándose la cifra de los 4.574.700 desempleados y una tasa del 19,79%.

El paro registrado en Aragón durante el pasado mes de octubre fue de 90.099 personas, lo que supuso un aumento de 2.005 desempleados/as respecto al mes anterior. Respecto a octubre de 2009 reflejan un aumento del paro en 6.379 aragoneses, lo que supone un incremento interanual del 7,62%, porcentaje similar al de  la media española que se sitúa en el  7,29%.

Las familias aragonesas con todos sus miembros en paro suman 26.696 en el tercer trimestre del año, 20.634 más que las que había por estas fechas en 2007 cuando empezó la crisis económica.

El número de personas en paro de larga duración, con una permanencia en el desempleo superior a un año, ha pasado de Diciembre de 2009 a Septiembre de 2010 de 20549 a 27186.

La tasa de personas paradas que cobran prestación contributiva ha disminuido,  pasando del 47,79% al 37,53%. El porcentaje de personas paradas que no perciben ningún tipo de prestación ha pasado en ese mismo año del 27,15% al 36,59%.

La tasa de temporalidad en Aragón continúa reduciéndose y se sitúa en el 21,2% en el tercer trimestre de 2010. Esto es debido exclusivamente a que el ajuste de las plantillas en las empresas se está haciendo fundamentalmente con trabajadores sujetos a contratos temporales.  Es la vía del despido y el incremento del paro lo que está haciendo bajar estadísticamente la temporalidad, porque lo cierto es que los contratos registrados en lo que va de año están soportando tasas de temporalidad superior del 92,5%, una tasa que no se daba desde finales de los años 90.

Otra de las vías que las empresas están utilizando para ajustar su producción y reducir plantillas son los Expedientes de Regulación de Empleo.

El número de eres aprobados en este periodo ha sido de  663 (en todo el año 2009 fueron 964), las personas afectadas han sido  11205 personas (35887  en todo 2009).

Esta disminución estadística hay que matizarla por el hecho de que algunas empresas, que suman un importante número de trabajadores, tienen expedientes vigentes aprobados el año pasado, pero que se están ejecutando a lo largo de este.

Aunque continúan siendo mayoría los EREs de suspensión, (511 de 663), se está incrementado el número de personas que están perdiendo su empleo a través de los los EREs de extinción de plantilla,  siendo ya el 26’4% de los afectados por un expediente, frente al 8’7% que representaban en el año 2009.

 La aprobación de la Reforma Laboral, ya se ha dicho, facilita las causas de despido, sea este individual o colectivo. Esto  tiene un evidente peso en el aumento de EREs de extinción que se está produciendo.

El 97,5 % de los expedientes han sido autorizados previo acuerdo entre empresa y trabajadores. Es significativa la baja cifra de EREs no autorizados, sólo 7.

Si embargo, en los expedientes sin acuerdo estamos asistiendo a una mayor conflictividad asociada al aumento de EREs de extinción.

La evolución del PIB y los datos de la EPA nos dicen que la reforma no está siendo útil para mejorar la economía, no contribuye a la creación de  empleo, no resuelve los problemas de los jóvenes, ni elimina la precariedad laboral. Ante la evidencia, desde ámbitos gubernamentales y empresariales se empieza a reconocer la ineficacia de la reforma para solventar todos estos males, pero se siguen defendiendo sus bondades, argumentando que sus efectos positivos se producirán una vez alcanzada la  recuperación económica. Pero….¿no decían que todos  estos sacrificios  eran necesario para salir de la crisis?.

Los planes de ajuste están incrementando la conflictividad en Europa, en la que la respuesta de los trabajadores se está traduciendo en huelgas, manifestaciones y conflictos en las empresas.

En España, la Huelga General del 29S fue convocada en un contexto de profunda crisis económica, con una tasa de desempleo superior a la media Europea. En un proceso de cambio profundo en la composición sectorial de tejido empresarial, con una caída importante del peso de la industria incapaz de compensar la caída de la construcción, acompañado de un mayor peso de un atomizado sector de servicios.  Contra las medidas adoptadas por un gobierno socialista, que se reclama para si la base social de los trabajadores. En los días previos, en pleno proceso de explicación de nuestras razones, los sindicatos fuimos objeto de ataques furibundos, irracionales, sin fundamento e injustos, vehiculizados a través de la mayoría de medios de comunicación, con el objetivo de desprestigiar el movimiento sindical y disminuir la incidencia de nuestra convocatoria.

En un contexto muy difícil, el seguimiento de la Huelga General fue amplio. Un auténtico éxito. Avalado además por las manifestaciones que esa tarde colmaron de forma multitudinaria las calles de nuestro país.

La remodelación en el Gobierno ha sido una de las consecuencias más inmediatas. El Presidente Rodríguez Zapatero, está sufriendo un importante desgaste por el giro de los últimos meses en las políticas económicas,  sociales y laborales. También por la Huelga General.   Sin embargo se mantienen las mismas políticas, pretendiendo que el auténtico problema es la insuficiencia en la explicación de las mismas, no el contenido de las políticas, en como se comunican y venden a la sociedad.  

Si no hay cambios en las políticas la situación seguirá deteriorándose y el conflicto social permanecerá abierto.

Tenemos una fuerte voluntad de mantener las movilizaciones, difundiendo nuestras valoraciones y propuestas. Tenenemos, también hay que decirlo fuerte voluntad de llegar a acuerdos. Pero para esos tiene que haber un cambio de orientación en las líneas políticas que están absolutamente sesgadas  Tenemos alternativas, serias y fundamentadas,  con las que decir que es posible hacer las cosas de forma diferente, recuperando derechos y defendiendo el bienestar de las personas. 

Vamos a trabajar por hacer reversible la reforma laboral. En todos los campos en los que desarrollamos nuestra actividad sindical. En la elaboración de los reglamentes que la van a desarrollar, en la negociación colectiva, en las empresas..

Y también llevando la voz de los trabajadores al Parlamento a través de la Iniciativa Legislativa Popular que estamos promoviendo CCOO y UGT, emplazando a los Diputados a que cambien Ley de la reforma laboral con otra Ley, que restituya elementos fundamentales como la causalidad en el despido y la contratación o la eficacia de los convenios.Vamos a ir, empresa a empresa, calle a calle, recogiendo millones de firmas, explicando en negro sobre blanco, que queremos, cuales son nuestras propuestas.

La negociación colectiva tampoco va bien. Esta se ha visto enmarcada en los últimos (2002-208) años en los distintos Acuerdos Interconfederales de Negociación Colectiva, firmados por CCOO-UGT con las patronales.  Los incrementos salariales tenían como referencia  la inflación prevista por el BCE (2%) a los que se podía añadir una cuantía vinculada al crecimiento de la productividad. Se incorporaban además cláusulas de garantía para dejar a salvo de la inflación los incrementos salariales. Esto permitía crecimiento moderado de los salarios que, en tiempos de gran expansión económica y grandes beneficios empresariales, debería haber servido para modernizar las empresas en la búsqueda de la competitividad en la tecnología, la innovación y una mayor apuesta por la internacionalización.

En 2009 se produjo un bloqueo en la firma de los convenios, que nosotros achacamos al incumplimiento, por parte de los empresarios, de lo pactado en materia salarial y que llevó a la  judicialización de los desacuerdos, muchos ya resueltos en última instancia por el Tribunal Supremo, que viene estimando, en todos los casos, los argumentos de los sindicatos.

La importancia de la negociación colectiva para la deriva económica del país, y lo oportuno de volver a encauzarla en el marco de un acuerdo de ámbito estatal, nos llevó a la necesidad de reeditar un Acuerdo Interconfederal,  con la firma un acuerdo de CCOO y UGT con la CEOE, con vigencia 2010-2012, marcando las prioridades en la reactivación económica, la competitividad de las empresas  y  generación de empleo, moderando los incrementos salariales de forma importante y ampliando la perspectiva temporal de las cláusulas de revisión a la salida de la crisis, a cambio de una moderación de las expectativas de beneficios empresariales y un compromiso por el empleo. 

Lamentablemente, un acuerdo de tal magnitud, de compromiso responsable por parte de los sindicatos con el conjunto de la economía y de forma especial con las personas en paro, no fue suficientemente tenido en cuenta ni explotado por el Gobierno de España, como muestra de madurez y estabilidad, buscando, así sí, la confianza  de los mercados financieros.

Algunos sectores y empresas tampoco están a la altura de las circunstancias, y esto está de nuevo retrasando la firma de los convenios.

Tampoco los anuncios de mayores recortes sociales, eliminando la Renta de Inserción, las medidas privatizadoras de AENA y Loterias del Estado, así como la insistencia del Gobierno en ampliar de la edad legal de jubilación a los 67 años y aumentar el período de carencia para tener derecho a una pensión, contribuye a una disminución de los conflictos.

Los trabajadores somos los más interesados en la viabilidad del sistema. Y los Sindicatos no tenemos una actitud cerrada y resistencialista al hablar de pensiones. Pero el debate es complejo, los efectos de las medidas son a largo plazo y por tanto tienen que ser acopladas en el tiempo de acuerdo a la evolución de muchos factores que ahora son imprevisibles. Está fuera de toda razón tomar medidas sobre las que hay tiempo suficiente para debatir y actuar. No se justifica tal celeridad, cuando las medidas no tienen incidencia real sobre la salida de la coyuntura económica en la que nos encontramos, y cuando los efectos que se dicen buscar sobre la pervivencia del sistema, tienen su virtualidad a largo plazo y sobre esa perspectiva hay que acometerlas.

La disputa sobre el reparto de los recursos, de los actuales y los del futuro, no se está dando tan sólo en el marco empresarial y/o sectorial. Estos marcos se ven trascendidos siempre, pero ahora en mayor medida, por el marco político y legislativo.

Así  el eje del conflicto social en estos tiempos, desplaza en gran forma hacia las medidas políticas de los gobiernos que, en términos generales no están adoptando medidas equilibradas. Porque las políticas articuladas conducen objetivamente a una disminución importante de derechos y rentas de los trabajadores, para mejorar las cuentas de resultados de las empresas, a un desmantelamiento del estado de bienestar, a la privatización de importantes áreas públicas de gestión. A una vuelta atrás a viejas ventajas competitivas, sustentadas en sectores de mano de obra intensiva,  con pocos derechos y mal remunerada.

La negociación directa organizaciones empresariales  y sindicatos, lamentablemente, está perdido peso. Esto podría explicarse, además de por el comentado desplazamiento de la disputa de los recursos,  por los problemas internos por los que está pasando CEOE, sin descartar el que consideren innecesario un desgaste en las relaciones con los sindicatos cuando el gobierno les está resolviendo bien la papeleta por la vía legislativa. Para otros, un desgaste del actual gobierno no se vería con malos ojos, para favorecer una alternancia en el poder, que podrían entender todavía más favorable a sus intereses.   (En cualquier caso una politización de las relaciones laborales que creíamos superada).

 Lo cierto es que la insuficiente interlocución y la ausencia grandes acuerdos entre los agentes económicos y sociales, en materias tan nucleares como mercado laboral o cambio de modelo productivo, no ayuda a mejor gestión de los conflictos por abajo, ni al acierto en las decisiones políticas por arriba. Es precisamente  en tiempos de crisis, cuando los acuerdos son más difíciles y requieren de mayor generosidad y amplitud de miras.  Pero es cuando más se necesitan.

Es inevitable preguntarnos hacia donde nos lleva la dirección que nos han hecho tomar.  A que economía nos llevan,  que sistema productivo será el resultante, que modelo de sociedad se está cociendo.

Cabe preguntarse sobre la solidez de ese aparente consenso de hace no tanto tiempo, para ir a un nuevo modelo productivo, competitivo por su valor añadido, respetuoso con el medio ambiente, impulsado por nuevas tecnologías,  capaz de general riqueza de forma más estable y ampliando el horizonte de un estado social en el que el bienestar de las personas fuera tenido en cuenta y en el que el perímetro de la democracia se fuera ensanchando.

Porque lo que tenemos delante de nuestras narices se parece más a vuelta atrás, hacia un sistema que fundamente su crecimiento en viejas ventajas competitivas,  en mano de obra intensiva, sin derechos y remunerada con salarios miserables. Miope y cortoplacista, sustentándose en tecnologías obsoletas, cuando no en absoluta ausencia de las mismas.  Avanzamos dando garradas hacia un modelo social que prima el beneficio de los mercados especulativos, permitiéndoles que impongan sus criterios al margen de cualquier consideración democrática, a costa de un enorme déficit democrático.

Os estamos dejando un mundo peor que el que nos encontramos. Se ha roto esa línea de progreso que parecía hacer inevitable el que cada generación viviera mejor que la anterior. Los jóvenes estáis mucho mejor preparados, pero os incorporáis más tarde al mercado laboral, pasáis por largos años de precariedad y os emancipáis mucho más tarde que la generación de vuestros padres.  Se cuestiona vuestra estabilidad, se pone en duda el futuro del estado de bienestar, empiezan a haceros creer que lo de las pensiones ya no irá con vosotros, fomentan el individualismo con la mentira de que la única salvación pasa por cada uno. No os dejéis. No  dejéis que jueguen con vuestro futuro y con el de vuestros hijos. No lo permitamos, podemos evitarlo.

Julián Buey. Secretario General CCOO Aragón.

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