Una nueva vuelta de tuerca. Jubilación anticipada y parcial. RD Ley 5/2013

Publicado: 21 marzo, 2013 en Economía, Pensiones

Vista-Alegre

El Gobierno de Rajoy, autista y con la directa metida, sin valorar las graves consecuencias que para el futuro del pais que gobiernan y el bienestar de sus gobernados,  sigue en su proceso de demolición de todo lo que  huela a protección social. Ahora una de pensiones y otra de ERES. Y lo hace, como viene siendo habitual, al margen del diálogo social, fuera de los mecanismos previstos por el Pacto de Toledo. El  Real Decreto Ley 5/2013 incorpora una  nueva reforma de la jubilación anticipada y parcial, dificultando el acceso a la primera y haciendo inviable la segunda.  Además, avanza decididamente el gobierno de Partido Popular en el camino ya iniciado de disminuir la protección social a las personas desempleadas en edades próximas a la jubilación. 

Transcribo la primera valoración realizada por Carlos Bravo Fernández Secretario de Protección Social y Políticas Públicas de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. 

Resumen comentado de los contenidos más importantes del Real Decreto Ley 5/2013 , de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo:

  • La Exposición de motivos del Real Decreto Ley vincula el mismo con la Estrategia Europa 2020 y la coordinación en la UE para afrontar el reto del envejecimiento y sus impactos sobre los sistemas de protección social. Lo vincula asimismo con el Libro Blanco de Pensiones 2012 de la Comisión Europea y los informes sobre “envejecimiento 2012” y “Adecuación de las pensiones en la UE 2010-2050. El origen del compromiso que motiva esta reforma es, por tanto, claro. Se afirma también que las medidas aprobadas permiten satisfacer las Recomendaciones del Consejo de la UE de 10 de julio de 2012 en el ámbito de la sostenibilidad del sistema de pensiones y el impulso del envejecimiento activo.
  • Llama la atención que el texto reivindica el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, suscrito el 2 de febrero de 2011 entre el Gobierno socialista, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, así como las orientaciones contenidas en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 25 de enero de 2011. Afirma, pese a que el partido en el Gobierno hoy no avaló esos acuerdos, que configuran una base sólida para la reforma d el sistema de forma consensuada y un avance muy relevante para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones español.
  • Reivindica que la cuestión del envejecimiento activo debe abordarse de forma integral, ya que la transición entre vida activa y jubilación implica tanto a la política de Seguridad Social, como a las políticas de empleo.
  • Compatibilidad entre trabajo y pensión. Con un sentido de la oportunidad muy discutible en un entorno de altísimo desempleo como el que padecemos, prevé que aquellos trabajadores que han accedido a la jubilación al alcanzar la edad legal, por tanto no para jubilaciones anticipadas, y que tienen derecho al 100% de la Base Reguladora, es decir que acreditan las denominadas carreras completas, puedan compatibilizar el empleo a tiempo completo o parcial con el cobro del 50 % de la pensión, y obligaciones de cotización social limitadas.
  • Establece a demás las siguientes condiciones:
  • o El desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público, es incompatible con la percepción de la pensión de jubilación. Es decir, se podrá  compatibilizar la pensión con trabajos en el sector privado, no en el público. El objetivo, por tanto, es claramente reducir costes a la Seguridad Social, sin que los incremente la Administración Pública.
  • o La compatibilidad trabajo -pensión se extiende tanto a los distintos regímenes de  Seguridad Social como al de Clases Pasivas, en este caso para pensiones reconocidas a partir del 1.1.2009. Se permitirá compatibilizar la pensión con actividad en el sector privado y si la jubilación es a la edad ordinaria y con el 100% de la Base Reguladora o Haber Regulador, según hablemos de Seguridad Social o Clases Pasivas, respectivamente.o La cuantía de la pensión reducida es de un 50% de la pensión, con independencia de la jornada establecida en el contrato laboral pactado. No es del 50% de la base reguladora, sino de la pensión y sin que de lugar a complementos a mínimos. En el sistema de Clases Pasivas se permite también compatibilizar la pensión de incapacidad permanente para profesión habitual con un trabajo a tiempo parcial, reduciéndose entonces la pensión a un 75% o 55% según se hayan prestado más o menos de 20 años al servicio del Estado, respectivamente.

    o El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos

    o Este contrato tendrá una cotización reducida a SS, sólo por Incapacidad Temporal y por contingencias profesionales, más una cotización de solidaridad de un 8% (en cuenta ajena 6% a cargo de la empresa y 2% a cargo del trabajador). Con ello, el coste para las empresas en cotizaciones sociales se reduce a prácticamente un tercio de un contrato ordinario con la misma retribución. Esto nos ha llevado a insistir en los últimos meses en que, junto a la falta de oportunidad de una medida como esta en un entorno de desempleo masivo como el actual, existía un riesgo real de provocar un efecto sustitución de trabajadores por pensionistas con contratos compatibles si esto no se evitaba.

    o La respuesta que el Real Decreto Ley da a nuestras advertencias es que exige que no haya habido despidos improcedentes en los seis meses previos al inicio de la compatibilidad trabajo-pensión de la persona contratada (han de ser extinciones posteriores al 1.4.2013, fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley), así como mantener durante el tiempo de prestación de servicios del pensionista, el nivel promedio de empleo existente en la empresa en los 90 días previos a su contratación. No obstante, se excluyen de esta garantía las decisiones extintivas procedentes, jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento y contratos de duración determinada que, en este caso si, pueden verse afectados por ese efecto sustitución que venimos advirtiendo puede traer consigo esta medida.

  • o Se prevé una legislación futura que permita que las personas que compatibilicen pensión y trabajo puedan acceder a los sistemas complementarios de pensiones de los que puedan ser titulares.
    • Jubilación anticipada: Finalmente se mantienen las dos figuras de jubilación anticipada y sus edades más tempranas de referencia, 61 y 63 años, frente al anuncio inicial de desplazamiento en dos años de las mismas y la supresión de la jubilación voluntaria, al menos, para los empleados públicos. No obstante, se endurece el acceso a estas figuras, de forma desigual, mas intenso en la voluntaria y menos en la derivada de la pérdida involuntaria del empleo.

    o Por cese involuntario en el empleo:

    • 4 años máximo de anticipo, es decir 61 para personas con edad ordinaria de 65 años, cuya situación no varía con la reforma. Si lo hace para personas con edad ordinaria posterior que podían anticipar hasta ahora a 61 años y en el futuro podrán hacerlo desde 61 y un mes en 2013, aumentando esa edad en un mes al año hasta alcanzar en 2027 los 63 años como edad de acceso más temprano posible a la jubilación anticipada.
    • Se exigen 33 años cotizados para acceder a esta figura, los mismos que en Reforma de Pensiones 2011, computando entre ellos, un año máximo por servicio militar.
    • Las causas de despido objetivo que permiten acceder a esta fórmula se amplían, de las económicas por despido individual y colectivo, previstas en la Ley 27/2011, a las tecnológicas organizativas y de producción, exigiendo que se acredite el cobro efectivo de la indemnización o la presentación de demanda judicial para evitar la simulación de despidos. Aquí el Gobierno aprovecha, con escaso o nulo coste, el hueco que dejó la insistencia del Gobierno anterior por eliminar la jubilación a los 61 años que llevó a mantenerlo sólo para los despidos individuales o colectivos por causas económica, lo que estaba generando el efecto de derivar a esta causa, de forma absurda pero difícilmente evitable, los procesos de extinción de contratos por causas objetivas.

    o Voluntaria

    • 2 años máximo de anticipo, es decir 63 para personas con edad ordinaria 65 años, cuya situación no varía con la reforma. Si lo hace para personas con edad ordinaria posterior que podían anticipar hasta ahora a 63 años y en el futuro podrán hacerlo desde 63 y un mes en 2013, aumentando esa edad en un mes al año hasta alcanzar en 2027 los 63 años como edad de acceso más temprano posible a la jubilación anticipada.• Se exigen 35 años cotizados para acceder a esta figura, dos más que en la  Reforma de Pensiones 2011, computando entre ellos, un año máximo por servicio militar.o Tanto en la jubilación anticipada tras pérdida involuntaria de empleo, como e la voluntaria, la denominada cotización en la sombra se mantiene sin cambios. Es decir, se consideran cotizados, a los exclusivos efectos de determinar la edad ordinaria de jubilación de cada persona desde la que se aplicará la jubilación anticipada, los años que median entre la fecha de jubilación anticipada y la de la edad ordinaria.

      Coeficientes reductores por anticipo de la edad de jubilación:

      o La exigencia de un coeficiente reductor mínimo sobre la pensión efectivamente  percibida cuando esta es inferior a la base reguladora se eleva a un 0,5% trimestral (2% anual) sobre la cuantía de la pensión máxima, en la Ley 27/2011 se establecía un 0,25% (1% anual), salvo mutualistas y profesiones con coeficientes reductores por penosidad, toxicidad,…

      o En la jubilación anticipada por cese involuntario en el empleo: se pasa de 2 coeficientes trimestrales 1,875% si se han cotizado menos de 38,5 años y 1,625% si se ha cotizado más de 38,5 a cuatro coeficientes aplicables a cuatro periodos de cotización acreditados: menos de 38,5 años, entre 38,5 y 41,5 años, entre 41,5 y 44,5 años y, finalmente, más de 44,5. El resultado es que los tramos inferiores a 38,5 y entre 41,5 y 44,5 años cotizados quedan en la misma situación que se reguló en la reforma de pensiones en 2011. Las personas que hayan cotizado entre 38,5 y 41,5 pasan a un coeficiente de 1,75% trimestral, empeorando su situación respecto a la Ley 27/2011 y finalmente, las personas con más de 44,5 años pasan a un coeficiente reductor trimestral del 1,5%, mejorando su situación respecto de la prevista en la Ley 27/2011 que era del 1,625%. Es decir empeora un colectivo, más numeroso, y mejora otro más reducido, quedando en iguales condiciones el resto, probablemente la mayoría de las personas pero esta estimación la daremos en los próximos días.

      o Jubilación voluntaria. Se mantiene el nuevo derecho a la jubilación voluntaria creado en la reforma de pensiones de 2011, pero se endurecen los porcentajes en la gran mayoría de los casos. Se establecen 4 coeficientes reductores trimestrales en los mismos tramos de años cotizados que en la involuntaria pero incrementándolos en un 0,125% en cada caso (0,5% en términos anuales). El resultado es un coeficiente mayor para todos los colectivos definidos por años cotizados, salvo el de más de 44,5 años que se queda en las mismas condiciones establecidas en la Ley 27/2011.

      o Se prevén líneas de actuación específicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad  Social  para perseguir y sancionar la simulación de un despido con objeto de acceder a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada por cese involuntario, en lugar de la jubilación voluntaria.

      o En el mismo sentido, pero referido a prestaciones por desempleo, se faculta al Servicio Público de Empleo para que pueda exigir a los trabajadores despedidos en despido individual, objetivo o por resolución voluntaria del trabajador a causa de movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo, víctimas de violencia de género o incumplimiento grave del empresario que acrediten, tras el reconocimiento de la prestación por desempleo, haber percibido la indemnización legal correspondiente por despido.

      Jubilación parcial

      o Con carácter general se permitirá a partir de ahora una reducción máxima de la  jornada hasta el 50% lo que, si atendemos a la experiencia previa puede significar que, en esta modalidad, deje de utilizarse.

      o Se exigen 33 años para acceder a ella, frente a los 30 precedentes.

      o La edad de acceso a la jubilación parcial se desplaza de 61 a 63 o 65 años entre 2013 y 2027, a razón de un mes año o dos meses al año, en función de si la edad ordinaria de jubilación se mantiene en 65 o no, respectivamente. Al final del periodo transitorio, la jubilación parcial se podrá disfrutar como máximo los dos años previos a la jubilación ordinaria de cada persona frente a los, al menos, cuatro actuales.

      o Como excepción, si bien es la fórmula que probablemente se seguirá utilizando, si el relevista es indefinido y a tiempo completo, se permite una reducción del 75% de la  jornada (hasta ahora se podía llegar al 85%) cuando el relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.  En este caso, se exige que el relevista, o quién le sustituya en caso de baja voluntaria, despido procedente,…, esté en plantilla hasta, al menos, dos años después de la jubilación definitiva del relevado, de no ser así, la empresa tendrá que devolver el importe de la pensión que cobró el jubilado parcial durante esa situación.

      o Empresa y trabajador jubilado parcial cotizarán por el 100% de la Base de Cotización. En 2013 se cotizará por el 50% y se incrementará en 5 puntos porcentuales anualmente, hasta alcanzar ese 100% en 2022, endureciendo esta previsión ya contenida en la Ley 27/2011 en la que se cotizaba el 30% en 2013 y se incrementaba, al mismo ritmo de 5 puntos porcentuales anuales, hasta alcanzar el 100% en 2027.

      o Se amplia el colectivo de personas que pueden acceder a la jubilación parcial a los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas que estén incluidos en el sistema de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena.

      Cláusula de salvaguarda o garantía para personas que hayan extinguido o extingan su relación laboral bien antes del 1 de abril de 2013, bien después pero como consecuencia de EREs, convenios colectivos, acuerdos colectivos de empresa o decisiones en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados antes del 1 de abril de 2013.

      La misma previsión para los que hayan accedido a la jubilación parcial antes del 1 de abril de 2013 o lo hagan después como consecuencia de convenios colectivos o acuerdos colectivos previos a esa fecha. Los acuerdos colectivos de empresa deben registrarse antes del 15 de abril, pretendiendo la norma atribuir carácter constitutivo a ese Registro, lo que aún siendo jurídicamente discutible nos debe llevar a extremar la diligencia en presentar o exigir a las empresas la presentación de la documentación indicada en la norma ante el Registro correspondiente.

      o Esta cláusula es prácticamente idéntica a la que ya se incorporó en la última reforma de pensiones, referida aquella a la fecha del 2 de agosto de 2011. No obstante, en este caso s e limita a extinciones que se produzcan, como consecuencia de acuerdos, convenios, EREs,É anteriores al 1 de abril de 2013, antes del 1 de enero de 2019. Esta limitación, referida a extinciones de contrato puede parecer amplia, pero no lo es si atendemos a que en el primer párrafo del art. 8 se exige también que la jubilación se produzca antes del 1.1.2019. Este doble requisito sujeto a la misma fecha,  1.1.2019 es contradictorio con fijar la misma para la extinción posterior al 1.4.2013.  En nuestra opinión, de no modificarse puede limitar de manera muy significativa el  alcance de esta cláusula que pretende ser de garantía.

      Se modifica lo previsto en la Ley 27/2011 sobre aportaciones económicas al Estado de empresas con beneficios que realicen despidos colectivos en procesos iniciados a  partir de 1.1.2013  , que afecten a trabajadores de cincuenta años o más.

      o Se exige un nuevo requisito consistente en que el porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años sobre el total de despidos sea superior al porcentaje que los trabajadores de esa edad representan sobre el total de la plantilla de la empresa, beneficiando a las empresas con beneficios, si cumplen ese requisito. Sin embargo, para las que no lo cumplan, se endurece al exigir que no tengan beneficios dos años consecutivos durante seis años, los dos previos a la medida y los cuatro posteriores.

      o La cuantía a abonar se eleva a la suma del importe de las prestaciones por desempleo, subsidios y cotizaciones sociales correspondientes a los trabajadores de más de 50 años afectados por las medidas de regulación de empleo. Incluyendo el coste derivado de extinciones ajenas a la voluntad del trabajador, salvo finalización de contratos temporales, en los tres años previos y el año posterior a la adopción de las medidas de regulación de empleo. En el caso del subsidio, la cuantía será un canon derivado de totalizar seis años de prestación más sus cotizaciones sociales. Por otra parte, la cuantía a abonar resultante será un porcentaje de entre el 60% y el 100% de la cifra total, atendiendo al número de trabajadores de la empresa, su porcentaje de beneficios sobre los ingresos y, finalmente, el porcentaje de personas de más de 50 años que, sobre el total de despidos, extinguen su relación laboral.

      o Sólo se eludirá el pago de esas cuantías en el caso de aquellos trabajadores mayores de 50 años que sean recolocados en los seis meses siguientes a la extinción de su relación laboral.

  • Ver Real Decreto Ley 5/2013 , de 15 de marzo en formato PDF
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