3º Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales del la Universidad de Zaragoza.

Publicado: 14 noviembre, 2013 en Economía, Empleo, Salud Laboral
131114 Tercer Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales
Agradecer a la Universidad de Zaragoza la presencia de CCOO Aragón en este 3º Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza y a todos/as  los asistentes y participantes de esta iniciativa.-
 
La Mesa redonda lleva por titulo “La crisis y la reforma laboral. ¿Cómo y en qué se ve afectada la Prevención de Riesgos Laborales?”
 
El modelo de sociedad en el que trabajamos y desarrollamos nuestras vidas es fuente de profundas desigualdades. En el momento en el que vivimos, mucho más en el área geográfica en la que se encuentra nuestro país,  en rigor no se puede hablar de escasez de recursos.
 
 Muy el contrario nos encontramos con una nutrida oferta de productos, bienes y servicios que pueden contribuir a que la vida de las personas sea mejor, desde el punto de vista material, social,  intelectual… Además hay instalada una gran capacidad productiva, que en muchos sectores va siendo reducida ante la falta de demanda.   También tenemos millones de personas sin trabajo, con cualificación, con experiencia y con posibilidades de generar todavía más riqueza.
 
¿Cómo justificar que en Europa casi 27 millones de personas, 6 millones de ellas en nuestro país,  no tengan empleo? ¿Cómo explicar que el riesgo de pobreza alcance a casi el 27% de la población española? ¿Qué sentido de la decencia y la ética puede soportar la extrema pobreza en más de 630.000 hogares en nuestro país? ¿Quién puede entender que desde los ámbitos profesionales de los servicios sociales se esté hablando de hambre y desnutrición infantil en un país el que sobran alimentos, viviendas, cocinas, lavadoras, frigoríficos, automóviles… y ni de lejos está apurada la capacidad de producir todavía más?
 
 Creo que lo honrado sería reconocer que este sistema económico que padecemos es incapaz de resolver un problema aparentemente tan sencillo. O tal vez sea peor y los que mandan en todo esto no tengan ningún interés en remediarlo. En ambos casos cabría preguntarse la razón.
 
Las políticas económicas sustentadas formalmente en la reducción del déficit presupuestario  en las cuentas del estado, con tremendos recortes en inversión pública social y, en sentido contrario, multimillonarias trasferencias de recursos públicos al sector financiero así como concesiones importantes a potentes “lobies”, hace que los problemas no se solucionen. Es más, se camina en la dirección contraria y se está aumentando la deuda pública cuyo pago se deriva a generaciones venideras.
 
 Dos años de políticas tendenciosas han hecho que la deuda pública (la de todos y todas) se haya disparado del 69,30% al 100% del PIB.
 
La reforma laboral acometida por el Partido Popular, ha sido justificada formalmente en base a argumentos, tales como la necesidad superar la fractura en el mercado laboral, aumentar la competitividad de nuestra economía, reducir miedos empresariales, estimular la inversión, fijar y crear empleo, aumentar la estabilidad laboral..  Nada más alejado de la realidad.
 
 Lo cierto es que  nos encontramos ante otro ajuste económico selectivo que, operando sobre múltiples factores del  mercado laboral, profundiza en el desequilibrio de los factores capital y trabajo del sistema productivo, haciéndolo todavía más favorable a los intereses empresariales.  
–         Se ha creado un nuevo contrato “estable” sin derecho a indemnización en su primer año de vigencia,
–         Se ha aumentado el margen de maniobra discrecional  a las direcciones de las empresas.
–          Se ha atentado contra la negociación colectiva, destrozando los convenios, devaluando la representación sindical y restando capacidad contractual a las organizaciones de los trabajadores.
 
Facilitar a los empresarios los despidos, en cualquiera de sus modalidades, hasta unos límites no hace mucho inimaginables, así como abaratar o anular las indemnizaciones, no ha servido precisamente para crear empleo. Muy al contrario ha estimulado la destrucción de millones de puestos de trabajo.   
 
Las consecuencias son bien conocidas. Un nivel de paro para el que ya cuesta encontrar calificativo, sobre todo cuando hablamos de que afecta a los jóvenes. Tremendas dificultades para la incorporación al mercado laboral de toda una generación. Percepción de que la reincorporación al mercado laboral por parte de los más mayores es una misión prácticamente imposible.
 
 Los contratos fijos que se realizan no llegan al 8% de los totales, ganan terreno los de tiempo parcial, los empresarios se descuelgan de los convenios… aumenta la sobreexplotación, la imposición de alargamiento de jornadas a menudo no remuneradas…
 
 El riesgo de pobreza ya no  solo alcanza a las personas que no tienen empleo sino que se extiende cada vez más a los que lo tienen en condiciones lamentables. 
 
La disminución de las rentas de los trabajadores se ve acompañada de recortes en los servicios públicos, educación, sanidad, protección social, pensiones. Aumentan la incertidumbre y la desesperanza de las gentes.  Nos encontramos ante la demolición de factores fundamentales para la compensación de las desigualdades sociales,  consustanciales al  actual modelo económico. Y eso, si no se remedia,  tiene consecuencias, que se irán agravando, para las condiciones de vida y para la salud de las personas.
 
El mayor desequilibrio legislativo, el miedo a perder el empleo o las dificultades para encontrarlo, están creando transformaciones en el mercado laboral, en las relaciones laborales, que generan nuevos riesgos para la salud.
 
La inmensa mayoría de las personas dependemos de nuestro trabajo para la supervivencia.  Por eso, NO es difícil aventurar  que a mayor dificultad para encontrar ese sustento, a mayor facilidad para perderlo, a más arbitrariedad y explotación en las empresas, a menor capacidad de control y participación sindical en las condiciones de trabajo,  mayor será el peaje en forma de sufrimiento, enfermedad y muerte.
 
Permítanme señalar tan solo algunas de las consecuencias de la situación.
 
– Presentismo laboral. El miedo a perder el empleo hace que muchas personas se sientan obligadas a trabajar estando enfermas. Una legislación desequilibrada y tendenciosa,  hace que acogerse a una ILT justificada que sume el 20% de la jornada en un periodo de dos meses en enfermedades de menos de 20 días de duración, o el 25% en un periodo de cuatro meses discontinuos en un año, puede suponer perder el trabajo fácilmente.
 
– Trabajadores enfermos crónicos a los que el INSS no concede una incapacidad, son despedidos por enfermedad sobrevenida cuando se incorporan al puesto de trabajo.   
 
– Aceptación de condiciones de riesgo laboral que en otras circunstancias no serían admitidas, para  acceder a un empleo o para no perder el que se tiene.
 
– Aumento de patologías derivadas de angustia, ansiedad, insomnio, alteraciones nerviosas,
 
–  Mayores  riesgo de padecer alergias, cardiopatías, hipertensión..
 
Empeoramiento de la dieta, disminución del ejercicio físico saludable, incremento de consumos compulsivos de tabaco y alcohol.
 
– Retraso en la emancipación de los jóvenes, aumento de la edad en la primera maternidad y mayores riesgos en el embarazo y parto.
 
– Más conflictos de pareja y de entorno familiar.
 
– Las estadísticas ya nos hablan de un incremento de la mortalidad y de una disminución de la esperanza de vida.
 
Esto nos sitúa ante retos diversos.
 Uno de ellos es no bajar la guardia en todo lo ha avanzado en la prevención de riesgos en el centro de trabajo, utilizando como pretexto la crisis económica.
 
Otro es la necesidad de ampliar el concepto de prevención más allá del centro de trabajo, dirigiéndolo también al ámbito de las  políticas económicas y sociales, origen de riesgos con repercusión en el perímetro de lo laboral. Las tremendas consecuencias que para la salud tienen el miedo a la pérdida del empleo o la necesidad de aceptar casi cualquier condición laboral, no se previenen con  campañas para la utilización de casco y botas de seguridad.
 
No nos enfrentamos tan solo ante una reforma laboral muy agresiva, sino ante una actuación global que profundiza en la distribución injusta de la riqueza, que impulsa transferencias de rentas salariales a excedentes empresariales y deriva recursos públicos, los de todos, a los bolsillos de unas elites vinculadas al sector financiero y a otros grupos de presión empresariales.
 
El aumento de la precariedad y la pobreza para la mayoría de la ciudadanía,  así como una mayor concentración de la riqueza entre unos pocos,  no son el fracaso de las políticas diseñadas, sino el éxito de unos objetivos poco confesables, y no confesados, de esas políticas.  Son, evidentemente un fracaso para el bienestar de las personas, para la democracia, para la igualdad, para la libertad.
 
–          Unas políticas sanitarias responsables y comprometidas con la ciudadanía, debieran desembocar en mayores inversiones cuando aumentan los riesgos globales para la salud.  Sin embargo,  la dirección emprendida por nuestros gobernantes es exactamente la contraria. El presupuesto de 2013 en Sanidad se ha recortado un 16%, acumulando un descenso del 24% en tres años.  Y los efectos de los recortes en la salud se perciben con claridad.
 
 
La prestigiosa ONG Médicos del Mundo, en la presentación de su campaña “nadie desechado”, nos  ha dado alguna clave.
 
– Cada día, 2.300 personas quedan fuera del Sistema Nacional de Salud (SNS) debido a los recortes en esta materia, con motivo de la reforma sanitaria.
 
– La crisis ha provocado un aumento del 20 por ciento en la incidencia de enfermedad mental en España.
 
 – Se ha elevado la tasa de suicidios a nivel nacional y comunitario.  
– Las reformas sanitarias aplicadas en España no están basadas en la evidencia y están siguiendo los mismos pasos dados en Grecia con anterioridad. En el país heleno, tras aplicar las reformas sanitarias se ha incrementado en más de un 50 por ciento la tasa de VIH entre los años 2010 y 2011, además de que la tuberculosis se ha disparado y ha aparecido la malaria.
–  Los colectivos más afectados son los más vulnerables, encontrándose entre ellos los inmigrantes, los dependientes, los enfermos crónicos, los pensionistas y las familias de bajos ingresos. En este sentido, esta ONG opina que el copago en medicamentos de dispensación hospitalaria pero sin hospitalización es un nuevo golpe.
– El copago aumenta la falta de adherencia terapéutica. Por cada dólar más de copago se obvia un día el tratamiento.
Quiero reivindicar el papel de las organizaciones sindicales en materia de salud. El 80% de las empresas de más de 50 trabajadores tienen comité de seguridad y salud, gracias a la actuación sindical. CCOO tiene más de 175.000 delegados y delegadas de prevención comprometidos día a día en que no  se desmorone el edificio preventivo construido en las empresas.
 
Queremos dar un impulso a las políticas públicas en salud laboral, como lo hemos hecho desde la publicación de la ley de prevención de riesgos laborales de 1995. Para ello hace falta también un mayor compromiso institucional y empresarial.
 
Pero si no hay un giro en las políticas económicas, sociales y laborales, las cosas van a empeorar. Y no podemos cesar en la exigencia de ese cambio imprescindible. Son las personas, sus condiciones de vida, su bienestar, su salud, lo que debería realmente preocupar a los gobernantes.
 
Julián Buey
Secretario General CCOO Aragón.
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comentarios
  1. Julián Buey dice:

    Reblogueó esto en el blog de Julián Bueyy comentado:

    La prevención de riesgos laborales en tiempos de crisis, reformas y recortes.